EL AVIÓN OFICIAL DEL CHACO BAJO SOSPECHA POR UNA CAUSA DE NARCOTRÁFICO
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La jueza Alicia Vence, a cargo del Juzgado Federal N°2 de San Martín, ordenó este martes un allanamiento en el aeropuerto de San Fernando, en provincia de Buenos Aires, y pidió que se registren seis aviones por un caso de tráfico de drogas.
Una de las seis aeronaves investigadas es el Lear Jet 60, matrícula LV-CIO, perteneciente a la Gobernación del Chaco.
También está bajo sospecha el avión oficial de la provincia de Tucumán, un Lear Jet 60XR.
La causa en cuestión investiga el tráfico de cocaína a España. En ese expediente judicial, ya fue detenido Alejandro Damián Arrighi Carril, un joven que llevaba 50 kilos en el baúl de su auto. También fue detenido su presunto proveedor, Oscar Luis Morales, de 63 años.
La orden de allanamiento habilita a “proceder e inspeccionar el aeropuerto, sus dependencias privadas o anexas y/o hangares, como también a toda persona que se encuentre presente allí, con el propósito de requisar las aeronaves identificadas con las matrículas LV-CKA, LV-CIO, LV-CKK, LV-CRB y LV-FUT”.
LAS OTRAS CUATRO AVIONES
Las otras cuatro aeronaves pertenecen a las empresas Patagonia Jet, Alas del Fin del Mundo, Baires Fly y Sancor Seguros.
La segunda firma es de Nazareno Natale, dueño del hotel y casino Status de Río Grande, en Tierra del Fuego. Ese empresario está siendo investigado por el vuelo que hizo en diciembre de 2011 el ex vicepresidente Amado Boudou a Necochea.
El viaje se hizo en el mismo avión que ahora está siendo investigado por el tráfico de droga a Europa, LV-CRB. Esa aeronave, según fuentes aeronáuticas, está en venta en Estados Unidos.
Según trascendió, la mayoría de los aviones no estaba en el aeropuerto esta mañana cuando llegaron los funcionarios judiciales.
Además de la requisa, la jueza federal pidió información de los registros de vuelo, destinos, escalas, reparaciones, servicios y pasajeros, entre otros datos.
La detención de Arrighi Carril se produjo en marzo luego de largas tareas de inteligencia que hizo la Policía Federal. El cargamento costaba alrededor de 28 millones de pesos.
